Cuando el sindicalismo pierde su esencia y deber de ser
Caracas, Sep. 10.- La historia del sindicalismo venezolano es una epopeya escrita con heroísmo, valentía y sangre por hombres y mujeres dedicados por entero a la defensa de la clase trabajadora tanto en épocas de democracia como de dictadura, que sufrieron cárcel, tortura y hasta muerte, gesta que lamentablemente tiene su lado oscuro, por haber sido infiltrado el movimiento por falsos dirigentes, mercaderes sin escrúpulos que se lucran en su nombre.
La huelga petrolera de los años 30, surgida en respuesta a la explotación de que eran víctimas los trabajadores de la industria, fue obra de esos pioneros del sindicalismo criollo, movimiento que se trasladó a otras áreas de la economía, propiciando la creación de una legislación laboral perfeccionada con el tiempo y que actualmente tiende a superarse aún a través de una moderna y avanzada Ley del Trabajo que está siendo elaborada por la Asamblea Nacional.
El prestigio, respeto ganado por los dirigentes sindicales en el seno de la sociedad venezolana, ha sido aprovechado lamentablemente por una horda de oportunistas, que buscando enriquecerse, haciéndose pasar por “chavistas” se han infiltrado en las filas del movimiento, ganando posiciones claves del mismo hasta adueñarse de muchas organizaciones y desplazar a los legítimos líderes sindicales.
Operan en aquellas áreas de mayor desarrollo y poder económico como las industrias del petróleo, transporte, construcción, siderúrgica y automotriz, convirtiéndolas en feudos donde ejercen el chantaje, el cohecho y el obsceno cobro de “peaje” entre quienes aspiran a obtener trabajo en esos centros, territorios que defienden a sangre y fuego, como los gansters de Chicago a través del sicariato que ha dejado saldo de decenas de muertos.
Muchos de ellos proceden de desaparecidas organizaciones políticas y sindicales, y en su empeño por “sobrevivir” se han infiltrado en las filas del proceso revolucionario, pero es tal su adicción al delito que se despojan de su máscara cuando el gobierno se niega a satisfacer sus arbitrarias e injustas demandas, desatando críticas e insultos contra el presidente Hugo Chávez y el proceso que lidera, sin importarles que su actitud atente contra la paz laboral del país.
Claro ejemplo de su desleal comportamiento contra el pueblo y el Estado, lo constituye la actividad irresponsable e ilegítima que vienen desplegando en muchas zonas del país como el Distrito Capital y los estados Zulia, Carabobo, Anzoátegui y Sucre, entidades donde han desatado una serie de conflictos laborales violentos que han llevado a la paralización de complejos industriales y plantas de ensamblaje de vehículos.
Como resultado de esa práctica, las comunidades son las principales perjudicadas, ya que las empresas afectadas contribuyen a sus economías, generando trabajo directo a cientos de miles de trabajadores e indirecto a millones, situación que se ve agravada cuando directivos de las mismas, en resguardo de sus propios intereses económicos y seguridad de los trabajadores deciden cerrar esos complejos hasta tanto no se garantice la paz y la armonía laboral.
Lo hacen en rechazo a la actitud delincuencial de los sindicaleros, que en su afán de seguir extorsionándolos les exigen la entrega de centenares de vehículos a cambio de ceder en algunas de sus posiciones, saboteando las políticas del gobierno revolucionario del presidente Chávez que está abriendo espacios para la recuperación económica de las automotrices en beneficio de los trabajadores de la industria y de los que laboran en sectores vinculados a las mismas.
Los sindicaleros obstruyen la labor de las autoridades del Trabajo, que en una loable gestión arbitral ejercen sus buenos oficios con el fin de solucionar una situación que pone en riesgo el futuro laboral de miles de trabajadores y la presencia de empresas de países como Japón, con el que el gobierno bolivariano mantiene las más estrechas relaciones económicas y financieras las que por ningún concepto deben ser afectadas por la acción nefasta de esos oportunistas.
En el marco de esa acción oficialista, se lograron acuerdos orientados a la reactivación de algunas industrias, entre ellas la automotriz, donde, algunas empresas han reiniciado la producción de vehículos y otras se disponen a hacerlo en base al compromiso del gobierno de otorgarles divisas para la adquisición del material destinado al ensamble de vehículos, pero enfrentan la amenaza de nuevas maniobras de sabotaje por parte de los sindicaleros.
Y es que no existe ningún compromiso por escrito, que obligue a los sindicaleros a permitir la actividad normal en esas plantas una vez que la producción esté en plena marcha, por lo que en cualquier momento que ellos lo decidan, aduciendo cualquier pretexto por absurdo que este sea podrán paralizarlas para retornar al punto de caos que iniciaron con sus pérfidas maniobras y seguir con su chantaje, en perjuicio de la industria, de la comunidad y del Estado.
Porque los sindicaleros que han sustituido a los auténticos defensores de los trabajadores, son unos sujetos carentes de principios y valores, que desconocen acuerdos de palabra como lo hacen los sindicalistas de comprobada honestidad y honra, y como delincuentes que son, evaden la Ley y los acuerdos que suscriben cuando estiman que pueden sacar provecho de ello.
En este sentido, las autoridades del Fisco nacional y la Contraloría General de la República, deben investigar a fin de establecer el ingreso y patrimonio real de esos sujetos, que podrían haber aportado datos falsos sobre los mismos, y poniendo su mal habida riqueza en nombre de testaferros, como ha sido práctica de muchos de los delincuentes disfrazados de sindicalistas que en el pasado amasaron grandes fortunas estafando al gobierno y traicionando la confianza del pueblo trabajador.
De igual manera, y en resguardo y salvaguarda del buen nombre de del legítimo sindicalismo y de la honra de sus auténticos dirigentes, debe investigarse sus actividades anteriores, a fin de determinar si poseen antecedentes delictivos de otra índole y exhiban un prontuario criminal dada su natural inclinación al delito como el que cometen actualmente.
Sólo así, una vez puesta al descubierto su actividad delincuencial, expulsados de sus feudos y llevados ante la justicia, es que el movimiento sindical y sus líderes legítimos, protagonistas de una heroica y noble trayectoria de lucha de un siglo en defensa de las reivindicaciones de los trabajadores, podrán recuperar su prestigio y honra, liberados del maleficio de esa plaga de parásitos oportunistas mercaderes de la corrupción y el chantaje.
